Europa a varias velocidades

La virulencia de la crisis financiera, económica y de deuda soberana no solo pone en cuestión la viabilidad del euro, sino también la capacidad de la UE para dar con la fórmula política que permita encauzar la situación y frenar una deriva de consecuencias desastrosas para todos, incluida Alemania. Si a las imperfecciones de origen de nuestra unión monetaria le sumamos los desequilibrios económicos en la zona euro, podemos entender las dificultades para poder afrontar de forma conjunta cualquier cambio que permita devolver a los mercados la confianza en la fortaleza de nuestra zona monetaria.

   En los últimos días unas filtraciones han resucitado la opción de la Europa a varias velocidades —¿dentro?— de la eurozona. Por supuesto, nadie se atreve a hacer suya esta idea, ni a presentar propuesta concreta alguna. Se trata de globos sonda acompañados de posteriores desmentidos que permiten, a quien los provoca, evaluar las reacciones que una cooperación reforzada ocasionaría en las instituciones europeas y en las cancillerías de aquellos Estados que se imaginan fuera del grupo de los elegidos.

   Resulta oportuno aclarar en qué piensan realmente aquellos que imaginan una zona euro rediseñada a partir de instrumentos de integración diferenciada. También parece imprescindible considerar las previsiones jurídicas establecidas en los tratados de la UE para ser conscientes de las exigencias impuestas con relación a la cooperación reforzada. Solo cuando se aclare el alcance político del instrumento en cuestión y se conozca sus limitaciones jurídicas se podrá concluir si se trata de una herramienta adecuada para superar los problemas de la zona euro o si, por el contrario, es preferible rechazar estas fórmulas de integración diferenciada y apostar por una reforma de los tratados.

   Hay que tener presente que el debate político sobre las dificultades que entraña la integración unitaria como método válido para avanzar en una Unión Europea, no es nuevo aunque se agudiza en una Europa de 27 Estados diferentes entre sí y enfrentados a una situación excepcional.

    En la década de los setenta, ya se alzaron voces que constataban la necesidad de introducir criterios de diferenciación temporal, material o espacial en el proceso de construcción europea, para hacerlo compatible con la voluntad y la capacidad de actuación de los distintos Estados. Así, aunque se atribuye al Informe Tindemans la primera referencia a la Europa a varias velocidades, fue Willy Brandt, ante el congreso del Movimiento Europeo celebrado en París en 1974, quien lo planteó por primera vez. Desde entonces, la búsqueda de fórmulas flexibles de integración bajo una siempre evocadora nomenclatura (Europa “a varias velocidades”; Europa como “núcleo duro”; Europa “a geometría variable”; Europa de “círculos concéntricos”; Europa “a la carta”…) ha sido puesta en práctica dentro y fuera de los tratados.

   Gracias a la flexibilidad en el ritmo de asunción de compromisos ha sido posible poner en marcha la Unión Económica y Monetaria, o aprobar una política social para la Unión sin Reino Unido. También se logró avanzar en el diseño del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia a cambio de reconocer una serie de excepciones para Reino Unido, Dinamarca e Irlanda. Más recientemente, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión ha entrado en vigor solo después de incluir las cláusulas de opting out de las que disfrutan Reino Unido y Polonia y, en el futuro, probablemente la República Checa. Y no se puede olvidar que, bajo un esquema de flexibilidad, construido inicialmente al margen de los tratados comunitarios, se hizo realidad la libre circulación de personas en el acuerdo intergubernamental de Schengen.

   En suma, resulta evidente que la construcción de Europa ha requerido de una constante combinación entre el método de integración unitaria y aquellas expresiones de integración diferenciada que, vinculando solo a un grupo de Estados, han facilitado a la Unión seguir avanzando en las políticas europeas. Hay que tener presentes estos antecedentes y valorar muy positivamente lo que han supuesto para el proceso de integración. Sería, sin embargo, una ingenuidad no alertar acerca de los riesgos políticos y de los problemas jurídicos que implicaría considerar que la cooperación reforzada pueda ser el instrumento para abordar las reformas que necesita nuestra arquitectura monetaria europea.

    No se trata, como afirmó ante el Parlamento Europeo Herman van Rompuy, de desdramatizar el debate sobre la cooperación reforzada, sino de exigir a quienes tienen responsabilidades en las instituciones europeas una respuesta firme de rechazo a dichas herramientas dentro de la zona euro. Los 17 Estados de la zona euro son, en sí mismos, una vanguardia de Estados que debe operar a 17, superar sus dificultades a 17 y perfeccionarse en su diseño también a 17. Cualquier otra opción es una regresión difícil de aceptar desde un planteamiento estrictamente político, además de contar con serios obstáculos de orden jurídico que no conviene despreciar. Conviene recordar que fue el Tratado de Ámsterdam el que reguló por primera vez la cooperación reforzada como un instrumento a utilizar por un grupo de Estados que deseen avanzar en la consecución de una mayor integración europea, dentro de las instituciones y de conformidad con los procedimientos establecidos al efecto por la Unión.

   El Tratado señala que las cooperaciones reforzadas no pueden iniciarse en el ámbito de las competencias exclusivas de la Unión —y la monetaria lo es—, ni deben afectar negativamente al mercado interior —como ocurriría en el caso de diseñar una política fiscal y presupuestaria para una parte de los Estados de la zona euro—, ni a la cohesión económica y social. Las cooperaciones reforzadas solo pueden plantearse en el ámbito de las competencias que la Unión comparte con los Estados miembros y, en todo caso, han de perseguir un refuerzo del proceso de integración.

   Así las cosas, parece jurídicamente claro que la cooperación reforzada no es el instrumento válido para ser utilizado por algunos Estados miembros de la zona euro y crear una especie de euro plus. De hecho, lejos de servir para reforzar el proceso de integración monetaria, supondrían un mecanismo para deshacerse del lastre que suponen aquellos Estados que hoy atraviesan dificultades económicas. Para reforzar la zona euro y la gobernanza económica de la Unión, los Estados y las instituciones europeas deben olvidarse de las cooperaciones reforzadas porque no aportan una solución factible ni eficaz. La solución política y jurídicamente más adecuada pasa por una reforma de los tratados. No sería necesaria la convocatoria de una Conferencia Intergubernamental, sino que el Consejo Europeo, por unanimidad y previa consulta al Parlamento Europeo, a la Comisión y, probablemente, también al BCE, podría adoptar una decisión que modificase la totalidad o parte de las disposiciones que regulan en el Tratado la política económica y monetaria de la Unión. La entrada en vigor de tal reforma se materializaría una vez haya sido aprobada por los Estados miembros, de conformidad con sus respectivas normas constitucionales. A nadie se le oculta el derecho de veto del que dispondrían todos los Estados, también aquellos que no forman parte de la zona euro. No se puede obviar que esta solución plantea riesgos y requiere de unos plazos que podrían no acomodarse a la urgencia de la situación.

   Cabe otra solución alternativa más rápida pero menos comunitaria: la firma de un tratado intergubernamental —como lo fue inicialmente Schengen— para los 17 Estados de la zona euro. Más tarde podría incorporarse a los tratados, por el mismo procedimiento que lo hizo Schengen.

En definitiva, si como parece deducirse del discurso de Van Rompuy en el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo ha tomado la decisión de avanzar en el diseño de una gobernanza europea, debe hacerlo impulsando una rápida reforma de los tratados, prescindiendo de cualquier fórmula de Europa a varias velocidades dentro de la zona euro. Las cooperaciones reforzadas están llamadas a jugar un relevante papel, pero no es la zona euro su teatro natural de operaciones. Aceptar lo contrario sería equivocar por completo la estrategia política y estar dispuesto a vulnerar las reglas del juego que nos hemos dado.

 

Cambiar el sistema

Por Ignacio Ramonet

Los eurófilos más extasiados lo machacan sin cesar: si no dispusiéramos del euro, dicen, las consecuencias de la crisis serían peores para muchos países europeos. Divinizan un euro “fuerte y protector”. Es su doctrina y la defienden fanáticamente. Pero lo cierto es que tendrían que explicarles a los griegos (y a los irlandeses, a los portugueses, a los españoles, a los italianos y a tantos otros ciudadanos europeos vapuleados por los planes de ajuste) qué entienden por “consecuencias peores”… De hecho, estas consecuencias son ya tan insoportables socialmente que, en varios países de la eurozona, está subiendo, y no sin argumentos, una radical hostilidad hacia la moneda única y hacia la propia Unión Europea (UE).

No les falta razón a estos indignados. Porque el euro, moneda de 17 países y de sus 350 millones de habitantes, es una herramienta con un objetivo: la consolidación de los dogmas neoliberales en los que se fundamenta la UE. Estos dogmas, que el Pacto de Estabilidad (1997) ratifica y que el Banco Central Europeo (BCE) sanciona, son esencialmente tres: estabilidad de los precios, equilibrio presupuestario y estímulo de la competencia. Ninguna preocupación social, ningún propósito de reducir el paro, ninguna voluntad de garantizar el crecimiento, y obviamente ningún empeño en defender el Estado de bienestar.

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¿Quién marca el rumbo político de Europa?

Los últimos cambios políticos son la demostración de que los dirigentes europeos perturban la estabilidad de los poderes entre la sociedad y el Estado, entre la economía y la política, sin que sepamos qué poder ejercen los ciudadanos.

Lo que ha sucedido en Europa entre la caída de los Gobiernos griego e italiano y el desastre de la izquierda española en las elecciones de este domingo, es una circunstancia en la historia de los reajustes políticos que se luchan por correr detrás del problema financiero. Parece que se hubiera superado una raya en el proceso de la crisis, que provoca una desconfianza en las instituciones y que su forma de legitimación parezca irreversible. A pesar de estas y otras preguntas, es inevitable arriesgarse y hacer balance de la situación.

Los cambios electorales, como la que quizás se produzca en Francia en seis meses, no merecen grandes comentarios. Hemos comprendido que los electores culpan a los Gobiernos de la progresiva incertidumbre en la que vive actualmente la mayoría de los ciudadanos de nuestros países y no tienen demasiadas esperanzas sobre sus sucesores, aunque en el caso italiano, después de Berlusconi es explicable que Monti, al menos por ahora, supere en popularidad a su antecesor.

Por tanto, la cuestión más importante es la concerniente al delicado momento de las instituciones. La conjunción tanto de la incertidumbre de la presión de los mercados, que hacen subir y bajar los tipos de los préstamos, como del afianzamiento de un “directorio” franco-alemán y de un dominio de los “técnicos” relacionados con la economía internacional, únicamente puede generar debates, inquietudes y justificaciones.

La paradoja de un proceso de cambio y el mantenimiento de la esencia democrática

Una de las cuestiones más recurrentes es la de la “dictadura de los comisarios”, la llegada de los “tecnócratas” a la dirección de los gobiernos. Según esta discusión se entorpecerían eventualmente algunos resortes de la democracia con el fin de rehacer la posibilidad de que ésta vuelva a surgir. Los “comisarios” hoy no podrían ser sino economistas. El ámbito y la duración del mandato de Mario Monti y Lucas Papademos deben ser lo bastante amplios para que sean eficaces. Pero en ambos casos se dice que deben limitarse para garantizar, en las mejores condiciones, el retorno a la legitimidad democrática. No hay que olvidar tampoco que esos “tecnócratas” provienen, no del mundo empresarial o exclusivamente financiero, sino —o también— del político.

Papademos no sólo fue gobernador del banco Central de Grecia y vicepresidente del Banco Central Europeo, sino que, tras la dimisión de Papandreu, el partido socialista PASOK, el partido conservador Nueva Democracia y el partido ultraderechista LAOS, que juntos contaban con 254 escaños de los 300 escaños del Legislativo, apoyaron por amplia mayoría absoluta la designación de Papademos como primer ministro, al mando de un gobierno transitorio de coalición nacional, que tendría como objetivo aprobar las medidas económicas urgentes que necesita el país para recibir el segundo tramo del rescate de la Unión Europea y la quita de la mitad de su deuda externa.

Monti, a propuesta del Presidente de la República, Giorgio Napolitano, fue elegido por amplia mayoría en el Parlamento, y se esforzó pública y privadamente por la participación en su gobierno de representantes de todos los partidos, algo que éstos fueron rechazando, tras largas conversaciones, por no querer quemarse en un Gobierno que tendrá que realizar una política económica restrictiva y la imposibilidad de ponerse de acuerdo en el reparto de los ministerios.

Es decir, han sido impuestos, sí, pero con el consentimiento del poder político, legislativo y ejecutivo. Pero, ¿y el pueblo? Ni que decir tiene que Europa únicamente se construye con el apoyo y la participación de los pueblos.

Una aclaración: cuando hablamos de que la tecnocracia sustituye a la política, nos tenemos que preguntar antes de qué política estamos hablando. La palabra “política” no implica necesariamente que ésta sea democrática, aunque deba serlo. En el caso griego y en el italiano ha habido mucha política en estos últimos años; pero tengo dudas de que haya habido mucha democracia. La democracia no es algo que se pueda valorar en abstracto: necesita de unas condiciones mínimas y básicas para que se pueda dar: por ejemplo, una cierta igualdad entre los partidos que compiten. Cuando esas mínimas condiciones no se dan en absoluto, como en Italia, dudo de que se pueda hablar de democracia. Las democracias se legitiman también por los resultados. No solamente las tecnocracias, ojo con esto, no hay que volverse angelical. Cuando las democracias no ofrecen resultados, se deslegitiman, por muchas elecciones que haya, mucho debate y mucha confrontación. Si no produce resultados, es que (aquí sí) el sistema político de esa democracia está funcionando mal.

En este contexto, hay que tener en cuenta el peligro de que afloren los iluminados “sin ideología”. Los que condujeron no hace mucho tiempo a un auténtico caos. Es urgente reforzar la UE. No podemos tomar como excusa la crisis para arremeter contra una de las mayores conquistas políticas de los últimos siglos. La UE no es sólo un asunto económico.

Hay que recordarles a los más jóvenes que la Historia de Europa fue una historia de guerras sin fin. Sin ella volvería el peligro de volver a enzarzarnos en disputas. Hay en el aire demasiado desaliento sobre la UE, algo así como ganas de volver a la estrecha política nacional o local. Sería una vuelta atrás sangrante. Si acaso la Unión debería tener mayores poderes, para empezar, contra los desvíos de los financieros, ese terrible poder paralelo, que recuerda en parte el tremendo poder paralelo de la mafia siciliana que fue la que le dio por primera vez el mando a Berlusconi. !Y fue en las urnas! No podemos, ni frente a la peor de las crisis perder la memoria histórica. Es la primera vez que Europa lleva decenas de años sin una guerra. La antigua Yugoslavia no estaba integrada en la UE. De haberlo estado quizás se hubiesen ahorrado la tragedia.

La idea que parece instalarse es la de una revolución desde arriba, que encabezarían los dirigentes de las naciones dominantes y la Comisión Europea, con la urgencia de evitar a toda costa el hundimiento anunciado del euro. Esta noción implica un cambio de estructura de la gobernanza[1] europea y por tanto de los equilibrios de poder entre la sociedad y el Estado, la economía y la política, como resultado de una estrategia preventiva por parte de las clases dirigentes.

Es esto lo que está sucediendo con la neutralización de la democracia parlamentaria, la institucionalización de los controles presupuestarios y la fiscalidad por parte de la UE, así como con la sacralización de los intereses bancarios en nombre de la ortodoxia neoliberal. Sin duda, estas transformaciones se encuentran latentes desde hace mucho tiempo, pero nunca se habían reivindicado como una nueva configuración del poder político. Por lo tanto, no se han equivocado los que presentan como una auténtica revolución la elección del presidente del Consejo Europeo por sufragio universal, lo que conferiría al nuevo edificio un halo democrático. Salvo que esa revolución desde arriba ya está en marcha, o al menos se plantea.

¿El fin de una Europa como proyecto colectivo?

Sin embargo no se puede ocultar que el éxito de esta tentativa no está en absoluto garantizado. Por lo pronto, se presentan tres dificultades que pueden unir sus efectos para llegar en una crisis empeorada y por lo tanto en el final de una Europa como proyecto colectivo. El primero se debe a que ninguna configuración institucional puede tranquilizar a los mercados, nombre en clave de la especulación, ya que ésta se alimenta a la vez de los riesgos de quiebra y de las posibilidades de ganancias que ofrecen a corto plazo. Es el principio de la proliferación de los productos derivados y del diferencial sobre los tipos de interés. Las instituciones de inversión que alimentan las operaciones bancarias en la sombra necesitan llevar los presupuestos nacionales al borde de la ruina, mientras que los bancos necesitan contar con los Estados (y los contribuyentes) en caso de crisis de liquidez. Pero tanto unos como otros forman un circuito financiero único. Mientras no se vuelva a cuestionar la “economía de la deuda”, que rige las sociedades de arriba a abajo, no será viable ninguna “solución”. Pero la gobernanza actual lo excluye a priori, aunque para ello sacrifique cualquier crecimiento durante un tiempo indeterminado.

La segunda dificultad es el aumento de las contradicciones internas de la UE. No sólo está la posibilidad de “la Europa de dos velocidades”, sino que incluso hay quienes hablan de Europa de tres o cuatro velocidades y a cada instante surgirá la amenaza del estallido de la economía de los países de la eurozona. De hecho, ya tenemos tres velocidades: los países de la UE establecieron varias reglas para entrar en la Eurozona, pero si no se cumplen, si mienten a sus ciudadanos y socios sobre la situación de sus economías, y si las agencias de calificación y Eurostat yerran totalmente, se interpretará que esas conducta “irresponsable” de los políticos, gobiernos y del sector bancario conducirá a un agravamiento de la crisis. La interpretación del eje franco-alemán es que si se quiere estar en la Eurozona hay que cumplir las reglas. Lo tomas o lo dejas. De los países que no forman parte de ella, algunos buscarán una mayor integración, mientras que otros (especialmente el Reino Unido), a pesar de su dependencia del mercado único, acabarán rompiendo o suspendiendo su pertenencia.

En cuanto al mecanismo de “sanciones” advertidas contra los malos alumnos del rigor presupuestario, sería iluso pensar que sólo puede afectar a algunos países “periféricos”. Y basta con observar cómo se ha dejado a Grecia sin fuerzas, al borde de la revuelta, para imaginar los efectos que tendría la generalización de estas “fórmulas” en toda Europa. Por último, y no por ello menos importante, el “directorio” franco-alemán, trastocado en los últimos días por el desacuerdo sobre la función del Banco Central, tiene pocas posibilidades de fortalecerse en estas circunstancias, a pesar de los intereses electorales de sus miembros, y sobre todo del presidente francés.

La coacción del caos

Pero la dificultad más difícil de vencer será el castigo de la opinión pública. Sin duda el chantaje del caos y el espantajo permanente de una rebaja de la nota pueden paralizar los reflejos democráticos. No se puede aplazar indefinidamente la necesidad de conseguir la autorización popular para poder realizar cambios a través de una revisión de los tratados, por limitada que sea. Y toda consulta implica la posibilidad de volverse contra el proyecto de la Unión. A la crisis de estrategia se añadirá entonces una crisis de representación, que también se encuentra avanzada.

En estas condiciones no es sorprendente que se alcen voces críticas. Pero lo hacen en direcciones opuestas. Unos apoyan un refuerzo de la integración europea, pero afirman que únicamente es viable con la condición de que conlleve una triple democratización: restablecimiento de la política en detrimento de las finanzas, control de las decisiones centrales mediante una representación parlamentaria reforzada, vuelta al objetivo de solidaridad y de reducción de las desigualdades entre los países europeos. Otros, como los teóricos de la de la desglobalización, ven en la nueva gobernanza el resultado de la sumisión de los pueblos “soberanos” a una construcción supranacional que sólo puede servir al neoliberalismo. Los primeros son claramente insuficientes y los segundos se encuentran peligrosamente expuestos a fusionarse con los nacionalismos que pueden llegar a ser xenófobos.

La rebeldía de los ciudadanos

La gran preguntas es saber cómo se orientará la “revuelta de los ciudadanos”, cuya intensificación ante la “dictadura de los mercados”, a los que los Gobiernos sirven de instrumento. ¿Se volverá contra la instrumentalización de la deuda, que traspasa las fronteras, o bien verá en la construcción europea, tal como se plantea actualmente, un remedio peor que la enfermedad? ¿Intentará, allí donde la gestión de la crisis concentra los poderes de hecho o de derecho, crear contrapoderes, no sólo constitucionales, sino también autónomos y si fuera necesario, insurreccionales?

¿Se conformará con reclamar la reconstitución del antiguo Estado nacional o social, hoy carcomido por la economía de la deuda, o bien buscará alternativas socialistas e internacionalistas, los fundamentos de una economía del uso y de la actividad, a escala de la globalización en la que Europa en el fondo tan sólo es una provincia?

Sólo podemos aventurar que el factor determinante para que cesen estas incertidumbres será la extensión y la distribución por Europa de las desigualdades y de los efectos de la recesión, en especial del paro. Pero la capacidad de análisis y de indignación de los “intelectuales” y los “militantes” será la que alumbre, o no, los referentes simbólicos.

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[1] 1. f. Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía.

2. f. ant. Acción y efecto de gobernar o gobernarse.

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La democracia puesta a prueba

La crisis del euro impulsa el populismo y la tecnocracia a nivel nacional y europeo

Por José Ignacio Torreblanca, 12 de Noviembre de 2012, en El País.

En lo que parece ser una nueva y peligrosa fase de la crisis, las tensiones generadas por la crisis del euro están comenzando a desestabilizar las democracias europeas. Casi dos años de dudas y divisiones, de falta de coraje y de visión política para adoptar una solución europea están cebando la desafección ciudadana, tanto hacia las democracias nacionales como hacia el propio proyecto europeo. Como hemos visto en Grecia y en Italia, la agudización de la crisis coloca a los líderes políticos entre la espada y la pared. Por un lado, temen que si adoptan nuevas y más severas medidas de austeridad sin una contrapartida en forma de planes de estímulo que garanticen un horizonte de crecimiento económico, los ciudadanos se acabarán volviendo contra ellos y, desde las urnas, las calles o los Parlamentos, llevándoselos por delante. Pero, al mismo tiempo, saben perfectamente que si se resisten a adoptar esas mismas medidas de austeridad, los mercados les penalizarán elevando su prima de riesgo y forzando una intervención exterior, lo que desencadenará su caída, o llevará a que sus socios europeos retiren el apoyo financiero que les venían prestando, lo que también provocará su caída.

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Alemania nos concede una tregua

  
En medio de la hipocondría de una crisis que está alterando nuestras vidas, un rayo de luz pareció iluminar a Alemania. Ocurrió el pasado jueves en el centro de Berlín. Angela Merkel, heroína a su pesar, salvó, por ahora, a Europa y al euro allanando un estrecho cortafuegos en el tiempo de descuento de la crisis de la deuda. Una prórroga para evitar el despeñadero al que nos arrojaban ineludiblemente el arrastrar de pies de los actualmente pequeños dirigentes de la Unión Europea —los procesos de la UE se ejecutan tres meses después de tomarse—, llegando tarde y con poca fuerza como para frenar la vertiginosa celeridad con la que operan los mercados. Porque no hay Plan B, ha vuelto a repetir el comisario Almunia: “Si esto falla, será una catástrofe”. Por unos instantes —la felicidad está tejida de momentos fugaces—, bajo la futurista cúpula acristalada del Reichstag, obra de Norman Foster, Alemania volvió a ser el buen país europeísta de Adenauer y Kohl, posibilitando pensar en el regreso de una Alemania europea capaz de enterrar una Europa alemana, que una mayoría de sus ciudadanos parece sin embargo preferir. La canciller, aferrada a una coalición en la que los liberales están desaparecidos y el ala bávara de su democracia cristiana apuntada al euroescepticismo, logró un importante triunfo político en el Bundestag. Una mayoría propia, entre los suyos, a favor de ampliar el fondo de rescate europeo, que debiera hacer posible que Grecia continúe pagando sus deudas.

Nos esperan todavía días churchilianos de sudor y lágrimas. El fondo, ampliado a 440.000 millones, es insuficiente. Dos billones de euros serían el listón para que los mercados se lo piensen dos veces antes de ir a por Italia y España. Alemania advierte que no pondrá más dinero, se opone a convertir la UE en una unión de transferencias y rechaza los eurobonos. La agencia calificadora Standard & Poor’s amenaza con degradar el crédito del país. Aun a regañadientes, Alemania no tiene más remedio que defender el euro. Como ocurrió en 1914 y 1939, por otras razones y con otras consecuencias, Berlín vuelve a tener la llave. Esta vez para evitar un ciclón financiero capaz de arrastrar al continente y a todo el mundo a un agujero negro. Alemania impone su ritmo, el paso a paso: no existen soluciones mágicas, de una sola vez, para resolver la crisis europea. La respuesta no es regar con más dinero el problema. “No puedes luchar contra el fuego con más fuego”, dice el ministro de Hacienda alemán. Los países pecadores, culpables de endeudamiento, no pueden irse de rositas con una leve penitencia. The Economist recuerda esta semana que en alemán la palabra para deuda es schulden, derivada de schuld, que también significa culpa. La piedra trasatlántica lanzada desde EE UU por Obama contra los europeos, “culpables” de la crisis mundial, es indebida. Washington dista mucho de estar libre de pecado. La economía norteamericana se ha detenido; EE UU nos exportó la primera crisis; la irresponsabilidad fiscal del Congreso amenaza la recuperación; el primer país del mundo acumula una cantidad de deuda que supera a las europeas. Y el horizonte, hasta noviembre de 2012, es ya prisionero de una larguísima campaña electoral en la que lo urgente, la reelección de Obama, pasará por encima de lo importante.

 Alemania pasa a contribuir con 211.000 millones al fondo, 83.000 más que hasta ahora. Merkel se inclina por el futuro de Europa oponiéndose a un electorado escéptico, encendido por los tabloides de la prensa sensacionalista con la idea de la Europa buena: la trabajadora y austera, al norte del Rhin, que paga el despilfarro y la anarquía de los vagos del Sur. “Tenemos un interés nacional existencial en la estabilidad de Europa y el euro”, advirtió el portavoz cristianodemócrata en el debate en la Cámara baja. Un abatido Papandreu había volado a Berlín para suplicar por el rescate de Grecia: “Incluso Alemania depende de Europa, su mayor socio comercial, para su crecimiento y empleo”. Existencialismo germano doblado de egoísmo: la mayoría de sus exportaciones van a la eurozona; los bancos alemanes atesoran deuda soberana en euros. Y los derrochadores sureños han ayudado a mantener bajo el tipo de cambio del euro beneficiando las exportaciones alemanas al resto del mundo. Las élites alemanas, políticas y económicas, son mayoritariamente europeas; la gran industria también; la izquierda más radical, los neocomunistas de La Izquierda, votaron en contra; el rechazo europeo anida más en clases medias y bajas y en la pequeña empresa. El nacionalismo no es visto como la solución en Alemania, donde, a diferencia de Holanda, Austria o Finlandia, la extrema derecha xenófoba está a la baja.

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Votos y vetos

J. I. Torreblanca

En los días buenos, la política es el arte de tomar decisiones que resuelven problemas y mejoran la vida de la gente. Pero como en la vida misma, no todos los días luce el sol y hay ocasiones en las que la política no se dignifica resolviendo los problemas, sino posponiendo sus soluciones o, directamente, agravándolos. Esa sensación tenemos en el contexto europeo, donde arrastrar los pies y diferir las soluciones parece que se ha convertido en la norma, no en la excepción.

El Bundestag ratificó ayer las medidas de urgencia tomadas en julio, mientras que el Parlamento finlandés hizo lo propio el miércoles. El caso es que, dos meses después de aquellas medidas, se supone que tenemos que congratularnos porque 11 países ya hayan ratificado la ampliación de los recursos y competencias del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (ese embrión de Fondo Monetario Europeo con el que estamos intentando hacer frente a la crisis). Aún quedan, sin embargo, otros seis por hacerlo (Austria, Chipre, Eslovaquia, Estonia, Holanda y Malta). Algunos plantean dificultades específicas, bien porque sus Gobiernos están en el campo de la ultraortodoxia económica o bien porque tienen apoyos parlamentarios de partidos xenófobos o euroescépticos que reniegan de cualquier tipo de solución que tenga un componente europeo. El resultado es que mientras sus señorías eslovacas, austríacas u holandesas se lo terminan de pensar, la crisis ya ha desbordado por completo las medidas aprobadas en julio y el debate sobre una nueva reforma y ampliación del fondo de estabilidad ya ha comenzado.

Gordon Brown, que fue un mal primer ministro pero un buen ministro de finanzas, ha estimado que los 400.000 millones de euros actuales de los que consta el fondo deberán ser ampliados hasta el billón de euros si se quiere evitar el colapso del sistema financiero, y eso en el escenario más optimista porque ese billón de euros, dice, fácilmente podría convertirse en dos. Una advertencia hecha pública el mismo día que Angela Merkel se esforzaba en el Bundestag para convencer a los miembros de su partido y de su coalición de Gobierno de que las medidas aprobadas en julio son suficientes y de que no pedirá más dinero a los contribuyentes alemanes para rescatar a Grecia. Está claro que Europa es víctima de la falta de voluntad política de sus líderes, pero también de su método para tomar decisiones.

A pesar de la similitud fonética, no hay nada más antagónico que un voto y un veto: mientras que el voto es el instrumento democrático por antonomasia, el veto es un instrumento contramayoritario y, por tanto, esencialmente incompatible con la democracia. Y aunque la Unión Europea no es una democracia, su proceso político y sus democracias nacionales están plagadas de actores con derecho de veto que son capaces de abortar en un momento dado la toma de una decisión. Hay 27 Gobiernos que tienen que acordar los textos por unanimidad (17 si se trata de la eurozona); multitud de socios de Gobierno en coalición que también tienen que ser consultados durante las negociaciones de dichos acuerdos; Parlamentos que luego los tienen que ratificar (algunos de ellos bicamerales o federales donde también los Estados o regiones pueden votar); Tribunales Constitucionales, como el alemán, que también gustan de examinar a fondo los acuerdos alcanzados; y, finalmente, en algunos casos, como ocurriera con la fallida Constitución europea, referendos populares (obligatorios u opcionales).

Hay que decir que, aquí, Alemania se lleva la palma. Su innegable eficacia económica coexiste con un sistema político que cuenta con un número exagerado de instancias decisorias y actores con derecho de veto: entre el grupo parlamentario de Merkel; la facción bávara del partido; los socios liberales de Gobierno; el Tribunal Constitucional y unas muy inconvenientes elecciones regionales cada dos por tres, nos tienen a todos en vilo.

Claramente, los alemanes son mucho mejores en ingeniería industrial que en ingeniería política. Es una pena que los déficits institucionales no se anoten en la contabilidad nacional: ahí saldríamos ganando y ellos perdiendo.

Así pues, incluso en el mejor de los casos, en un mundo ideal con Gobiernos monocolor henchidos de liderazgo, Parlamentos sumisos, Estados unitarios, electorados indiferentes y Tribunales Constitucionales dóciles seguiríamos teniendo 27 actores con derecho de veto, 17 en el caso de la eurozona. No es de extrañar que ante la mera insinuación de que la crisis del euro requeriría renegociar los Tratados europeos, cunda el pánico. Y no es de extrañar tampoco que los mercados sospechen de un sistema político (el europeo) experto en posponer tomar las decisiones importantes o directamente, evitar tomarlas.

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