Tiempos difíciles

Como es sabido, Carlyle bautizó la economía de ciencia triste (dismal science), nombre que reaparece cuando la realidad se vuelve sombría, cuando aumenta la pobreza, la miseria, cuando crecen las diferencias entre ricos y pobres y estos no ven fin a sus desgracias, ni salida a la situación. Pero no es la ciencia la triste sino la misma realidad que quiere retratar y explicar, pues obviamente es incapaz de mejorarla.

Todas las noticias, que son como enunciados definitorios de los distintos aspectos del mundo, trazan un cuadro siniestro de dificultades y estrecheces que, además, durarán años, según Angela Merkel. Los datos que hablan de deuda, déficit y ruina son incontrovertibles y sobre esa situación fatal sube al puente de mando de toda Europa la derecha con un programa último de desmantelamiento del Estado del bienestar.

Tras las duras medidas y recortes aplicados por CiU en Cataluña, vinieron ayer los del PP en Castilla-La Mancha, que no se quedan atrás y permiten calibrar el alcance de los que estará preparando Mariano Rajoy. El PSOE ya ha acusado a Cospedal de “dinamitar” el Estado del bienestar y los sindicatos anuncian acciones en la calle. Es decir, parece estar fraguándose una confrontación social. Pero ésta probablemente no será muy intensa por tres razones. La primera porque el PP llega con la legitimidad reforzada de la mayoría absoluta que le asegura la estabilidad parlamentaria pase lo que pase en la calle.

La segunda razón es que los datos, además de abrumadores, son objetivos. La situación es la que es: no hay dinero (en el mercado), no hay crédito, no se invierte, no aumenta el PIB (incluso quizá vuelva a retroceder), no se genera riqueza, no se pueden remediar las situaciones de carencia. Todo esto son hechos. Los hechos, claro, son susceptibles de interpretación pero, de momento, la única que se escucha y en la que se basan las medidas que están tomándose, tanto en España como en el resto de Europa, es la de la derecha neoliberal. Apenas hay interpretación alternativa, de izquierda.

Esa es la tercera razón. Es muy difícil que prosperen las movilizaciones extraparlamentarias cuando no están integradas en una teoría viable que dé una explicación de las circunstancias y muestre un proyecto de salida con un objetivo claramente expuesto. En la izquierda reina la confusión. Desde el momento en que no plantea la sustitución del modo de producción, del capitalismo, por otro, sus propuestas sólo pueden ser de reformas de aquel. Pero reformas son también las que hace la derecha, lo que quiere decir que el enfrentamiento entre ambas no es antagónico sino de matices. La dos, izquierda y derecha, plantean la salida de la crisis sin cambiar el modo de producción. No es suficiente acicate para mantener vivas las protestas callejeras y para que éstas tengan algún impacto en las medidas del gobierno.

En realidad, el movimiento 15-M es una especie de manifestación previa de esta situación. Su generalización apunta a la existencia de motivos para la protesta. Pero su inoperancia prueba que, si bien es relativamente fácil criticar lo existente, es mucho más complicado formular alternativas. Podría tratarse de tiempos de revolución. En verdad la palabra aparece de vez en cuando (por ejemplo, la spanish revolution), pero no encuentra revolucionarios que la invoquen ni gentes que la sigan.

Todas las noticias, que son como enunciados definitorios de los distintos aspectos del mundo, trazan un cuadro siniestro de dificultades y estrecheces que, además, durarán años, según Angela Merkel. Los datos que hablan de deuda, déficit y ruina son incontrovertibles y sobre esa situación fatal sube al puente de mando de toda Europa la derecha con un programa último de desmantelamiento del Estado del bienestar.

Tras las duras medidas y recortes aplicados por CiU en Cataluña, vinieron ayer los del PP en Castilla-La Mancha, que no se quedan atrás y permiten calibrar el alcance de los que estará preparando Mariano Rajoy. El PSOE ya ha acusado a Cospedal de “dinamitar” el Estado del bienestar y los sindicatos anuncian acciones en la calle. Es decir, parece estar fraguándose una confrontación social. Pero ésta probablemente no será muy intensa por tres razones. La primera porque el PP llega con la legitimidad reforzada de la mayoría absoluta que le asegura la estabilidad parlamentaria pase lo que pase en la calle.

La segunda razón es que los datos, además de abrumadores, son objetivos. La situación es la que es: no hay dinero (en el mercado), no hay crédito, no se invierte, no aumenta el PIB (incluso quizá vuelva a retroceder), no se genera riqueza, no se pueden remediar las situaciones de carencia. Todo esto son hechos. Los hechos, claro, son susceptibles de interpretación pero, de momento, la única que se escucha y en la que se basan las medidas que están tomándose, tanto en España como en el resto de Europa, es la de la derecha neoliberal. Apenas hay interpretación alternativa, de izquierda.

Esa es la tercera razón. Es muy difícil que prosperen las movilizaciones extraparlamentarias cuando no están integradas en una teoría viable que dé una explicación de las circunstancias y muestre un proyecto de salida con un objetivo claramente expuesto. En la izquierda reina la confusión. Desde el momento en que no plantea la sustitución del modo de producción, del capitalismo, por otro, sus propuestas sólo pueden ser de reformas de aquel. Pero reformas son también las que hace la derecha, lo que quiere decir que el enfrentamiento entre ambas no es antagónico sino de matices. La dos, izquierda y derecha, plantean la salida de la crisis sin cambiar el modo de producción. No es suficiente acicate para mantener vivas las protestas callejeras y para que éstas tengan algún impacto en las medidas del gobierno.

En realidad, el movimiento 15-M es una especie de manifestación previa de esta situación. Su generalización apunta a la existencia de motivos para la protesta. Pero su inoperancia prueba que, si bien es relativamente fácil criticar lo existente, es mucho más complicado formular alternativas. Podría tratarse de tiempos de revolución. En verdad la palabra aparece de vez en cuando (por ejemplo, la spanish revolution), pero no encuentra revolucionarios que la invoquen ni gentes que la sigan.

 

Europa a varias velocidades

La virulencia de la crisis financiera, económica y de deuda soberana no solo pone en cuestión la viabilidad del euro, sino también la capacidad de la UE para dar con la fórmula política que permita encauzar la situación y frenar una deriva de consecuencias desastrosas para todos, incluida Alemania. Si a las imperfecciones de origen de nuestra unión monetaria le sumamos los desequilibrios económicos en la zona euro, podemos entender las dificultades para poder afrontar de forma conjunta cualquier cambio que permita devolver a los mercados la confianza en la fortaleza de nuestra zona monetaria.

   En los últimos días unas filtraciones han resucitado la opción de la Europa a varias velocidades —¿dentro?— de la eurozona. Por supuesto, nadie se atreve a hacer suya esta idea, ni a presentar propuesta concreta alguna. Se trata de globos sonda acompañados de posteriores desmentidos que permiten, a quien los provoca, evaluar las reacciones que una cooperación reforzada ocasionaría en las instituciones europeas y en las cancillerías de aquellos Estados que se imaginan fuera del grupo de los elegidos.

   Resulta oportuno aclarar en qué piensan realmente aquellos que imaginan una zona euro rediseñada a partir de instrumentos de integración diferenciada. También parece imprescindible considerar las previsiones jurídicas establecidas en los tratados de la UE para ser conscientes de las exigencias impuestas con relación a la cooperación reforzada. Solo cuando se aclare el alcance político del instrumento en cuestión y se conozca sus limitaciones jurídicas se podrá concluir si se trata de una herramienta adecuada para superar los problemas de la zona euro o si, por el contrario, es preferible rechazar estas fórmulas de integración diferenciada y apostar por una reforma de los tratados.

   Hay que tener presente que el debate político sobre las dificultades que entraña la integración unitaria como método válido para avanzar en una Unión Europea, no es nuevo aunque se agudiza en una Europa de 27 Estados diferentes entre sí y enfrentados a una situación excepcional.

    En la década de los setenta, ya se alzaron voces que constataban la necesidad de introducir criterios de diferenciación temporal, material o espacial en el proceso de construcción europea, para hacerlo compatible con la voluntad y la capacidad de actuación de los distintos Estados. Así, aunque se atribuye al Informe Tindemans la primera referencia a la Europa a varias velocidades, fue Willy Brandt, ante el congreso del Movimiento Europeo celebrado en París en 1974, quien lo planteó por primera vez. Desde entonces, la búsqueda de fórmulas flexibles de integración bajo una siempre evocadora nomenclatura (Europa “a varias velocidades”; Europa como “núcleo duro”; Europa “a geometría variable”; Europa de “círculos concéntricos”; Europa “a la carta”…) ha sido puesta en práctica dentro y fuera de los tratados.

   Gracias a la flexibilidad en el ritmo de asunción de compromisos ha sido posible poner en marcha la Unión Económica y Monetaria, o aprobar una política social para la Unión sin Reino Unido. También se logró avanzar en el diseño del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia a cambio de reconocer una serie de excepciones para Reino Unido, Dinamarca e Irlanda. Más recientemente, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión ha entrado en vigor solo después de incluir las cláusulas de opting out de las que disfrutan Reino Unido y Polonia y, en el futuro, probablemente la República Checa. Y no se puede olvidar que, bajo un esquema de flexibilidad, construido inicialmente al margen de los tratados comunitarios, se hizo realidad la libre circulación de personas en el acuerdo intergubernamental de Schengen.

   En suma, resulta evidente que la construcción de Europa ha requerido de una constante combinación entre el método de integración unitaria y aquellas expresiones de integración diferenciada que, vinculando solo a un grupo de Estados, han facilitado a la Unión seguir avanzando en las políticas europeas. Hay que tener presentes estos antecedentes y valorar muy positivamente lo que han supuesto para el proceso de integración. Sería, sin embargo, una ingenuidad no alertar acerca de los riesgos políticos y de los problemas jurídicos que implicaría considerar que la cooperación reforzada pueda ser el instrumento para abordar las reformas que necesita nuestra arquitectura monetaria europea.

    No se trata, como afirmó ante el Parlamento Europeo Herman van Rompuy, de desdramatizar el debate sobre la cooperación reforzada, sino de exigir a quienes tienen responsabilidades en las instituciones europeas una respuesta firme de rechazo a dichas herramientas dentro de la zona euro. Los 17 Estados de la zona euro son, en sí mismos, una vanguardia de Estados que debe operar a 17, superar sus dificultades a 17 y perfeccionarse en su diseño también a 17. Cualquier otra opción es una regresión difícil de aceptar desde un planteamiento estrictamente político, además de contar con serios obstáculos de orden jurídico que no conviene despreciar. Conviene recordar que fue el Tratado de Ámsterdam el que reguló por primera vez la cooperación reforzada como un instrumento a utilizar por un grupo de Estados que deseen avanzar en la consecución de una mayor integración europea, dentro de las instituciones y de conformidad con los procedimientos establecidos al efecto por la Unión.

   El Tratado señala que las cooperaciones reforzadas no pueden iniciarse en el ámbito de las competencias exclusivas de la Unión —y la monetaria lo es—, ni deben afectar negativamente al mercado interior —como ocurriría en el caso de diseñar una política fiscal y presupuestaria para una parte de los Estados de la zona euro—, ni a la cohesión económica y social. Las cooperaciones reforzadas solo pueden plantearse en el ámbito de las competencias que la Unión comparte con los Estados miembros y, en todo caso, han de perseguir un refuerzo del proceso de integración.

   Así las cosas, parece jurídicamente claro que la cooperación reforzada no es el instrumento válido para ser utilizado por algunos Estados miembros de la zona euro y crear una especie de euro plus. De hecho, lejos de servir para reforzar el proceso de integración monetaria, supondrían un mecanismo para deshacerse del lastre que suponen aquellos Estados que hoy atraviesan dificultades económicas. Para reforzar la zona euro y la gobernanza económica de la Unión, los Estados y las instituciones europeas deben olvidarse de las cooperaciones reforzadas porque no aportan una solución factible ni eficaz. La solución política y jurídicamente más adecuada pasa por una reforma de los tratados. No sería necesaria la convocatoria de una Conferencia Intergubernamental, sino que el Consejo Europeo, por unanimidad y previa consulta al Parlamento Europeo, a la Comisión y, probablemente, también al BCE, podría adoptar una decisión que modificase la totalidad o parte de las disposiciones que regulan en el Tratado la política económica y monetaria de la Unión. La entrada en vigor de tal reforma se materializaría una vez haya sido aprobada por los Estados miembros, de conformidad con sus respectivas normas constitucionales. A nadie se le oculta el derecho de veto del que dispondrían todos los Estados, también aquellos que no forman parte de la zona euro. No se puede obviar que esta solución plantea riesgos y requiere de unos plazos que podrían no acomodarse a la urgencia de la situación.

   Cabe otra solución alternativa más rápida pero menos comunitaria: la firma de un tratado intergubernamental —como lo fue inicialmente Schengen— para los 17 Estados de la zona euro. Más tarde podría incorporarse a los tratados, por el mismo procedimiento que lo hizo Schengen.

En definitiva, si como parece deducirse del discurso de Van Rompuy en el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo ha tomado la decisión de avanzar en el diseño de una gobernanza europea, debe hacerlo impulsando una rápida reforma de los tratados, prescindiendo de cualquier fórmula de Europa a varias velocidades dentro de la zona euro. Las cooperaciones reforzadas están llamadas a jugar un relevante papel, pero no es la zona euro su teatro natural de operaciones. Aceptar lo contrario sería equivocar por completo la estrategia política y estar dispuesto a vulnerar las reglas del juego que nos hemos dado.

 

¿Quién marca el rumbo político de Europa?

Los últimos cambios políticos son la demostración de que los dirigentes europeos perturban la estabilidad de los poderes entre la sociedad y el Estado, entre la economía y la política, sin que sepamos qué poder ejercen los ciudadanos.

Lo que ha sucedido en Europa entre la caída de los Gobiernos griego e italiano y el desastre de la izquierda española en las elecciones de este domingo, es una circunstancia en la historia de los reajustes políticos que se luchan por correr detrás del problema financiero. Parece que se hubiera superado una raya en el proceso de la crisis, que provoca una desconfianza en las instituciones y que su forma de legitimación parezca irreversible. A pesar de estas y otras preguntas, es inevitable arriesgarse y hacer balance de la situación.

Los cambios electorales, como la que quizás se produzca en Francia en seis meses, no merecen grandes comentarios. Hemos comprendido que los electores culpan a los Gobiernos de la progresiva incertidumbre en la que vive actualmente la mayoría de los ciudadanos de nuestros países y no tienen demasiadas esperanzas sobre sus sucesores, aunque en el caso italiano, después de Berlusconi es explicable que Monti, al menos por ahora, supere en popularidad a su antecesor.

Por tanto, la cuestión más importante es la concerniente al delicado momento de las instituciones. La conjunción tanto de la incertidumbre de la presión de los mercados, que hacen subir y bajar los tipos de los préstamos, como del afianzamiento de un “directorio” franco-alemán y de un dominio de los “técnicos” relacionados con la economía internacional, únicamente puede generar debates, inquietudes y justificaciones.

La paradoja de un proceso de cambio y el mantenimiento de la esencia democrática

Una de las cuestiones más recurrentes es la de la “dictadura de los comisarios”, la llegada de los “tecnócratas” a la dirección de los gobiernos. Según esta discusión se entorpecerían eventualmente algunos resortes de la democracia con el fin de rehacer la posibilidad de que ésta vuelva a surgir. Los “comisarios” hoy no podrían ser sino economistas. El ámbito y la duración del mandato de Mario Monti y Lucas Papademos deben ser lo bastante amplios para que sean eficaces. Pero en ambos casos se dice que deben limitarse para garantizar, en las mejores condiciones, el retorno a la legitimidad democrática. No hay que olvidar tampoco que esos “tecnócratas” provienen, no del mundo empresarial o exclusivamente financiero, sino —o también— del político.

Papademos no sólo fue gobernador del banco Central de Grecia y vicepresidente del Banco Central Europeo, sino que, tras la dimisión de Papandreu, el partido socialista PASOK, el partido conservador Nueva Democracia y el partido ultraderechista LAOS, que juntos contaban con 254 escaños de los 300 escaños del Legislativo, apoyaron por amplia mayoría absoluta la designación de Papademos como primer ministro, al mando de un gobierno transitorio de coalición nacional, que tendría como objetivo aprobar las medidas económicas urgentes que necesita el país para recibir el segundo tramo del rescate de la Unión Europea y la quita de la mitad de su deuda externa.

Monti, a propuesta del Presidente de la República, Giorgio Napolitano, fue elegido por amplia mayoría en el Parlamento, y se esforzó pública y privadamente por la participación en su gobierno de representantes de todos los partidos, algo que éstos fueron rechazando, tras largas conversaciones, por no querer quemarse en un Gobierno que tendrá que realizar una política económica restrictiva y la imposibilidad de ponerse de acuerdo en el reparto de los ministerios.

Es decir, han sido impuestos, sí, pero con el consentimiento del poder político, legislativo y ejecutivo. Pero, ¿y el pueblo? Ni que decir tiene que Europa únicamente se construye con el apoyo y la participación de los pueblos.

Una aclaración: cuando hablamos de que la tecnocracia sustituye a la política, nos tenemos que preguntar antes de qué política estamos hablando. La palabra “política” no implica necesariamente que ésta sea democrática, aunque deba serlo. En el caso griego y en el italiano ha habido mucha política en estos últimos años; pero tengo dudas de que haya habido mucha democracia. La democracia no es algo que se pueda valorar en abstracto: necesita de unas condiciones mínimas y básicas para que se pueda dar: por ejemplo, una cierta igualdad entre los partidos que compiten. Cuando esas mínimas condiciones no se dan en absoluto, como en Italia, dudo de que se pueda hablar de democracia. Las democracias se legitiman también por los resultados. No solamente las tecnocracias, ojo con esto, no hay que volverse angelical. Cuando las democracias no ofrecen resultados, se deslegitiman, por muchas elecciones que haya, mucho debate y mucha confrontación. Si no produce resultados, es que (aquí sí) el sistema político de esa democracia está funcionando mal.

En este contexto, hay que tener en cuenta el peligro de que afloren los iluminados “sin ideología”. Los que condujeron no hace mucho tiempo a un auténtico caos. Es urgente reforzar la UE. No podemos tomar como excusa la crisis para arremeter contra una de las mayores conquistas políticas de los últimos siglos. La UE no es sólo un asunto económico.

Hay que recordarles a los más jóvenes que la Historia de Europa fue una historia de guerras sin fin. Sin ella volvería el peligro de volver a enzarzarnos en disputas. Hay en el aire demasiado desaliento sobre la UE, algo así como ganas de volver a la estrecha política nacional o local. Sería una vuelta atrás sangrante. Si acaso la Unión debería tener mayores poderes, para empezar, contra los desvíos de los financieros, ese terrible poder paralelo, que recuerda en parte el tremendo poder paralelo de la mafia siciliana que fue la que le dio por primera vez el mando a Berlusconi. !Y fue en las urnas! No podemos, ni frente a la peor de las crisis perder la memoria histórica. Es la primera vez que Europa lleva decenas de años sin una guerra. La antigua Yugoslavia no estaba integrada en la UE. De haberlo estado quizás se hubiesen ahorrado la tragedia.

La idea que parece instalarse es la de una revolución desde arriba, que encabezarían los dirigentes de las naciones dominantes y la Comisión Europea, con la urgencia de evitar a toda costa el hundimiento anunciado del euro. Esta noción implica un cambio de estructura de la gobernanza[1] europea y por tanto de los equilibrios de poder entre la sociedad y el Estado, la economía y la política, como resultado de una estrategia preventiva por parte de las clases dirigentes.

Es esto lo que está sucediendo con la neutralización de la democracia parlamentaria, la institucionalización de los controles presupuestarios y la fiscalidad por parte de la UE, así como con la sacralización de los intereses bancarios en nombre de la ortodoxia neoliberal. Sin duda, estas transformaciones se encuentran latentes desde hace mucho tiempo, pero nunca se habían reivindicado como una nueva configuración del poder político. Por lo tanto, no se han equivocado los que presentan como una auténtica revolución la elección del presidente del Consejo Europeo por sufragio universal, lo que conferiría al nuevo edificio un halo democrático. Salvo que esa revolución desde arriba ya está en marcha, o al menos se plantea.

¿El fin de una Europa como proyecto colectivo?

Sin embargo no se puede ocultar que el éxito de esta tentativa no está en absoluto garantizado. Por lo pronto, se presentan tres dificultades que pueden unir sus efectos para llegar en una crisis empeorada y por lo tanto en el final de una Europa como proyecto colectivo. El primero se debe a que ninguna configuración institucional puede tranquilizar a los mercados, nombre en clave de la especulación, ya que ésta se alimenta a la vez de los riesgos de quiebra y de las posibilidades de ganancias que ofrecen a corto plazo. Es el principio de la proliferación de los productos derivados y del diferencial sobre los tipos de interés. Las instituciones de inversión que alimentan las operaciones bancarias en la sombra necesitan llevar los presupuestos nacionales al borde de la ruina, mientras que los bancos necesitan contar con los Estados (y los contribuyentes) en caso de crisis de liquidez. Pero tanto unos como otros forman un circuito financiero único. Mientras no se vuelva a cuestionar la “economía de la deuda”, que rige las sociedades de arriba a abajo, no será viable ninguna “solución”. Pero la gobernanza actual lo excluye a priori, aunque para ello sacrifique cualquier crecimiento durante un tiempo indeterminado.

La segunda dificultad es el aumento de las contradicciones internas de la UE. No sólo está la posibilidad de “la Europa de dos velocidades”, sino que incluso hay quienes hablan de Europa de tres o cuatro velocidades y a cada instante surgirá la amenaza del estallido de la economía de los países de la eurozona. De hecho, ya tenemos tres velocidades: los países de la UE establecieron varias reglas para entrar en la Eurozona, pero si no se cumplen, si mienten a sus ciudadanos y socios sobre la situación de sus economías, y si las agencias de calificación y Eurostat yerran totalmente, se interpretará que esas conducta “irresponsable” de los políticos, gobiernos y del sector bancario conducirá a un agravamiento de la crisis. La interpretación del eje franco-alemán es que si se quiere estar en la Eurozona hay que cumplir las reglas. Lo tomas o lo dejas. De los países que no forman parte de ella, algunos buscarán una mayor integración, mientras que otros (especialmente el Reino Unido), a pesar de su dependencia del mercado único, acabarán rompiendo o suspendiendo su pertenencia.

En cuanto al mecanismo de “sanciones” advertidas contra los malos alumnos del rigor presupuestario, sería iluso pensar que sólo puede afectar a algunos países “periféricos”. Y basta con observar cómo se ha dejado a Grecia sin fuerzas, al borde de la revuelta, para imaginar los efectos que tendría la generalización de estas “fórmulas” en toda Europa. Por último, y no por ello menos importante, el “directorio” franco-alemán, trastocado en los últimos días por el desacuerdo sobre la función del Banco Central, tiene pocas posibilidades de fortalecerse en estas circunstancias, a pesar de los intereses electorales de sus miembros, y sobre todo del presidente francés.

La coacción del caos

Pero la dificultad más difícil de vencer será el castigo de la opinión pública. Sin duda el chantaje del caos y el espantajo permanente de una rebaja de la nota pueden paralizar los reflejos democráticos. No se puede aplazar indefinidamente la necesidad de conseguir la autorización popular para poder realizar cambios a través de una revisión de los tratados, por limitada que sea. Y toda consulta implica la posibilidad de volverse contra el proyecto de la Unión. A la crisis de estrategia se añadirá entonces una crisis de representación, que también se encuentra avanzada.

En estas condiciones no es sorprendente que se alcen voces críticas. Pero lo hacen en direcciones opuestas. Unos apoyan un refuerzo de la integración europea, pero afirman que únicamente es viable con la condición de que conlleve una triple democratización: restablecimiento de la política en detrimento de las finanzas, control de las decisiones centrales mediante una representación parlamentaria reforzada, vuelta al objetivo de solidaridad y de reducción de las desigualdades entre los países europeos. Otros, como los teóricos de la de la desglobalización, ven en la nueva gobernanza el resultado de la sumisión de los pueblos “soberanos” a una construcción supranacional que sólo puede servir al neoliberalismo. Los primeros son claramente insuficientes y los segundos se encuentran peligrosamente expuestos a fusionarse con los nacionalismos que pueden llegar a ser xenófobos.

La rebeldía de los ciudadanos

La gran preguntas es saber cómo se orientará la “revuelta de los ciudadanos”, cuya intensificación ante la “dictadura de los mercados”, a los que los Gobiernos sirven de instrumento. ¿Se volverá contra la instrumentalización de la deuda, que traspasa las fronteras, o bien verá en la construcción europea, tal como se plantea actualmente, un remedio peor que la enfermedad? ¿Intentará, allí donde la gestión de la crisis concentra los poderes de hecho o de derecho, crear contrapoderes, no sólo constitucionales, sino también autónomos y si fuera necesario, insurreccionales?

¿Se conformará con reclamar la reconstitución del antiguo Estado nacional o social, hoy carcomido por la economía de la deuda, o bien buscará alternativas socialistas e internacionalistas, los fundamentos de una economía del uso y de la actividad, a escala de la globalización en la que Europa en el fondo tan sólo es una provincia?

Sólo podemos aventurar que el factor determinante para que cesen estas incertidumbres será la extensión y la distribución por Europa de las desigualdades y de los efectos de la recesión, en especial del paro. Pero la capacidad de análisis y de indignación de los “intelectuales” y los “militantes” será la que alumbre, o no, los referentes simbólicos.

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[1] 1. f. Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía.

2. f. ant. Acción y efecto de gobernar o gobernarse.

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Mayoría absoluta, pero estrecho margen de maniobra en la economía

Pedía Rajoy un apoyo masivo en las urnas y los votantes le han dado una holgada mayoría absoluta. Si se suma el resultado de las elecciones municipales y autonómicas, ninguno de sus predecesores en La Moncloa ha acumulado tanto poder como el que va a tener después de su investidura. Aunque, paradójicamente, tampoco ninguno tuvo tan estrecho margen de maniobra. Decía Rajoy en campaña, tras el último vendaval de los mercados, que a los españoles no les gusta que les digan desde fuera lo que tienen que hacer. Pues bien, gran parte de su agenda inmediata ya viene trazada con el programa de consolidación fiscal exigido por Europa y que, salvo subidas de impuestos ya descartadas, no es sino un duro plan de ajuste.

La desesperante ambigüedad de Rajoy no le ha pasado factura en las urnas, seguramente porque el fracaso de Zapatero en su segunda legislatura inhabilitaba de antemano a los socialistas para conducir al país en esta segunda travesía de la gran depresión que padecemos desde 2009. Pero lo que ha sido una estrategia electoral de éxito no puede prolongarse un día más. Los ciudadanos, tanto los que le han votado como los que no, necesitan conocer a la máxima brevedad el plan de medidas urgentes que tan celosamente ha escondido. Tampoco los mercados, que vuelven a abrir mañana tras las turbulencias del viernes, van a dar ningún respiro al presidente electo.

Los electores le han dado votos suficientes votos para blindarle frente a las exigencias maximalistas que pueda plantear la extrema derecha que habita en el PP. Y también para formar el gobierno fuerte que decía necesitar. Esa fortaleza depende ahora exclusivamente del acierto de Rajoy en la elección de un Consejo de Ministros solvente, en el que debería despejar cuanto antes la incógnita de su responsable de Economía sin los rituales secretistas que acostumbran los presidentes. Habrá que ver también en qué quedan las promesas de convocar un gran acuerdo nacional —incluido el pacto por la sanidad pública, que Gallardón comprometió en el segundo debate— para gestionar la emergencia económica.

Cabe esperar que utilice la ronda de felicitaciones postelectorales para acordar citas con sus homólogos europeos, especialmente con la canciller Merkel, aun antes de que a comienzos de diciembre se reúna la conferencia del PPE, que tras la incorporación de Rajoy añadirá un sillón más a los 24 que ya ocupa en un Consejo Europeo de 27. La coincidencia ideológica debería servirle al menos para desarrollar una relación más fluida en esta UE de la que depende en gran medida la solución de la crisis y cuya desesperante lentitud y división interna agrava a menudo los problemas.

El partido socialista cosecha su peor resultado histórico, que ha venido alimentando desde hace dos años, cuando ya las encuestas empezaron a registrar una fuga masiva de votantes que las urnas han confirmado. El miedo a los recortes de Rajoy ha sido al fin un argumento que palidecía frente al lancinante guarismo de cinco millones de parados, a pesar de la meritoria campaña de Rubalcaba. Sería un despropósito que los socialistas se embarcaran en una noche de cuchillos largos que les impida realizar la tarea de oposición que les han encargado más de siete millones de votantes. Tienen tiempo para madurar los relevos que exige la magnitud de su derrota, empezando por la secretaría general del partido.

En el País Vasco el gran beneficiado del cese de la actividad terrorista de ETA ha sido Amaiur, que le disputa al PNV la hegemonía del electorado nacionalista. En este Parlamento de sólida mayoría conservadora, a la que sólo escapan Cataluña y el País Vasco, la dispersión de antiguos votantes socialistas ha alimentado también un crecimiento notable de IU y de otras formaciones minoritarias. Se configura así un Congreso de los Diputados donde convive una bancada mayoritaria del PP con una mayor diversidad y en el que los dos principales partidos no cuentan con votos suficientes para imponer una reforma constitucional sin referéndum, como ya hicieron en septiembre.

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La democracia puesta a prueba

La crisis del euro impulsa el populismo y la tecnocracia a nivel nacional y europeo

Por José Ignacio Torreblanca, 12 de Noviembre de 2012, en El País.

En lo que parece ser una nueva y peligrosa fase de la crisis, las tensiones generadas por la crisis del euro están comenzando a desestabilizar las democracias europeas. Casi dos años de dudas y divisiones, de falta de coraje y de visión política para adoptar una solución europea están cebando la desafección ciudadana, tanto hacia las democracias nacionales como hacia el propio proyecto europeo. Como hemos visto en Grecia y en Italia, la agudización de la crisis coloca a los líderes políticos entre la espada y la pared. Por un lado, temen que si adoptan nuevas y más severas medidas de austeridad sin una contrapartida en forma de planes de estímulo que garanticen un horizonte de crecimiento económico, los ciudadanos se acabarán volviendo contra ellos y, desde las urnas, las calles o los Parlamentos, llevándoselos por delante. Pero, al mismo tiempo, saben perfectamente que si se resisten a adoptar esas mismas medidas de austeridad, los mercados les penalizarán elevando su prima de riesgo y forzando una intervención exterior, lo que desencadenará su caída, o llevará a que sus socios europeos retiren el apoyo financiero que les venían prestando, lo que también provocará su caída.

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Sarkozy dice que España "ya no está en primera línea de la crisis"

España “ya no está en primera línea” de la crisis de la deuda. Es decir, la economía española ha salido de la zona de riesgo de verse arrastrada por el efecto contagio de la suspensión de pagos de Grecia. Así lo ha certificado, al menos, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, al término del Consejo Europeo celebrado en Bruselas. Sarkozy, cuyo partido pertenece a la misma familia ideológica que el PP español, ha tenido exquisito cuidado en no inmiscuirse en la campaña electoral española y ha atribuido los méritos, por igual, a los “enormes esfuerzos” del presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, como a la “responsabilidad” del líder de la oposición, Mariano Rajoy. Zapatero y Sarkozy se han reunido esta mañana en Bruselas por espacio de unos 15 minutos, pero la conversación se ha centrado en la situación creada por el anuncio de cese definitivo de la violencia por parte de ETA, según fuentes de Moncloa.

El espaldarazo del presidente francés a la economía española se ha producido en una rueda de prensa conjunta con la canciller alemana, Angela Mérkel, quien ha guardado silencio. Todavía el sábado, en un acto con las juventudes de su partido , Merkel reclamaba nuevos ajustes al Gobierno español. “España ha hecho mucho, pero probablemente tendrá que hacer mucho más para restaurar la confianza de los mercados”, advirtió.

Fuentes de Moncloa han replicado a la canciller alemana recordado que España ha tomado “medidas adicionales” para asegurar el cumplimiento del objetivo de déficit público, fijado este año en el 6%. “El esfuerzo suplmentario que reclama Merkel ya se ha hecho”, subrayan las mismas fuentes. Desde julio pasado, el Gobierno ha tomado una serie de medidas para ahorrar un total de 7.654 millones de euros. Esta cantidad procede de los ingresos por la subasta del espacio radioeléctrico (2.000 millones), de la minoración en el pago de intereses de la deuda sobre las previsiones iniciales (2.000), de la prescripción de medicamentos genéricos (400), de los anticipos del impuesto de sociedades (2.600) y de la no disponibilidad de gastos de diversos ministerios (650). Todo ello, según las mismas fuentes, permite al Gobierno disponer de un “colchón” financiero para compensar el previsible desvío del déficit de las comunidades autónomas, que al cierre del primer semestre ya rozaba el 1,3% del PIB, previsto para todo el año.

Lo cierto es que España llegó a la cumbre de Bruselas con el temor de verse señalada, junto a Italia, como uno de los países cuyo desequilibrio fiscal amenaza la estabilidad de toda la zona euro. Incluso se rumoreó que el presidente español había sido convocado, con Berlusconi, a una reunión en la que Merkel y Sarkozy leerían la cartilla a las dos grandes economías periféricas. Pero no ha sido así. Zapatero ha recibido algunos elogios, como los de Sarkozy, mientras que el primer ministro italiano ha debido soportar las recriminaciones no solo de Francia y Alemania, sino de la Comisión y el Consejo Europeo por no poner en práctica los ajustes prometidos.

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La desigualdad en la distribución de la riqueza no es ya el agente de movilización electoral

 
La mayoría de los debates acerca del futuro de la izquierda se centran actualmente en dos conceptos: La (in)capacidad de movilizar a un electorado que siempre es exigente en el cumplimiento de las políticas de izquierda y la necesidad de centrar el mensaje político alejándose de las estrategias tradicionales de la izquierda, pero que ahora se ven caducas en esta fase avanzada del capitalismo.

Para los primeros, el problema es que la izquierda no es muy lúcida a la hora de convencer a sus potenciales electores de que tiene la solución a sus problemas. Esta línea de pensamiento parte de la base de que, a grandes rasgos, la izquierda no sólo tiene razón (histórica y/o moral), sino de que existe una mayoría de votantes potencialmente dispuesta a votar a una izquierda moderna pero fiel a sus principios de siempre. Para los que así piensan, el que los votantes no respalden mayoritariamente en las urnas las opciones de izquierdas es un problema de primer orden, pero puede ser imputado a factores endógenos (estrategias de comunicación, calidad del liderazgo o sistemas electorales, entre otros) o bien a factores exógenos, como el hecho de que el poder económico respalde económicamente a los partidos conservadores, lo que situaría a la izquierda en evidente inferioridad de condiciones. También se menciona un factor que, por razones varias (exclusión social o débil cultura política), aquellos que más se beneficiarían de las políticas de izquierda se abstengan de votar, o se señala que las dinámicas económicas (globalización) hagan imposible “la socialdemocracia en un solo país”. En resumidas cuentas, por usar una terminología económica, los partidos de izquierda tendrían un problema de oferta (tendrían que mejorar la calidad de su producto) pero no un problema de demanda (porque habría demandantes dispuestos a comprar su producto). Por tanto, ante una crisis económica como la actual, la respuesta estaría clara: más y mejor izquierda.

Para otros, el problema es que la izquierda no es suficientemente hábil en el sentido de que no está suficientemente centrada para poder abarcar más sectores sociales. En una sociedad moderna políticamente, sólida económicamente y dominada por las clases medias, dicen, los partidos de izquierda se enfrentan a un grave problema de demanda. Puede que sigan teniendo razón, efectivamente, y que sus principios clave sigan siendo validos, pero dado que la democracia es el gobierno de la mayoría, tener razón sirve de poco si uno nunca consigue una mayoría con la que llevar a la práctica sus ideas. Así las cosas, la creencia típicamente izquierdista en un Estado que regule los mercados y que garantice la igualdad de oportunidades mediante (elevados) impuestos progresivos y servicios públicos de calidad podría estar en vías de extinción si sólo el tercio más desfavorecido de la sociedad le concede su apoyo en las urnas. Continuando con la analogía económica, la oferta sería adecuada, pero no habría suficientes demandantes. Aquí, averiguar qué ha pasado con los desertores sería crucial. ¿Han cambiado de intereses, y por tanto de valores, es decir, se han derechizado? O, sin que sea incompatible, ¿han ocupado algunos valores de lo que podríamos llamar la nueva izquierda —especialmente los referidos a la libertad personal, como el aborto, el divorcio, pero también el medio ambiente…— de otros espacios políticos, permitiendo a muchos electores de clase media abandonar la izquierda tradicional sin renunciar enteramente a sus principios? Fuera lo que fuese, en ambos casos, la izquierda tendría que repensar no ya sus estrategias, sino revisar a fondo sus planteamientos.

Ninguna de las respuestas a estas cuestiones es fácil ni inmediata. No obstante, desconocer cuáles son las cuestiones que uno tiene que hacerse es mucho más grave que ignorar las respuestas a esas preguntas. Y da la impresión de que algo así le está pasando hoy a la izquierda. Por un lado, la izquierda se percata de que la falta de equidad en la distribución de la riqueza, las diferencias sociales y la falta de regulación de los mercados han dejado de ser el factor de movilización electoral decisivo que inclina las elecciones a su favor. Por otro, también percibe que los valores de libertad individual no están puestos en cuestión ya que una muy amplia mayoría de los ciudadanos (también en la derecha) no sólo los admite, sino que los practica. A la vez, muchos en la izquierda creen en la libertad económica y de empresa como fuente de prosperidad y de distribución de oportunidades, incluso en lo referido a la prestación de servicios públicos esenciales, debilitando el credo redistributivo de la izquierda.

Con todo este cruce de ideas y valores, la impresión es que el juego político de la izquierda ha quedado como la carta a elegir en una partida de las siete y media: o te pasas o no llegas.

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De nuevo un círculo vicioso

   «El dilema actual en el que se encuentra la economía española, así como otras muchas de la Unión Monetaria Europea e incluso los poderosos Estados Unidos, está en hacer compatible una austeridad en el gasto público con incentivos al crecimiento de la actividad productiva que permitan incrementar la recaudación de impuestos y así aliviar el déficit público.

   «Para conseguirlo no hay muchas recetas y las aplicadas hasta ahora no han resultado ni en Europa ni en Estados Unidos. En la UEM, limitados por la política monetaria común, ya no vale la receta de la devaluación, y las exigencias del pacto de estabilidad y las presiones de los acuerdos entre Alemania y Francia exigen a los países miembros intensidad y rapidez en los dolorosos ajustes.

    «Los que abogan por la receta de subidas de los impuestos tienen que aclarar el qué, el cómo y el cuánto, ya que lo que hay que conseguir es el aumento de la recaudación sin dañar la actividad económica y más aún: tratando de incentivarla…»

Leer el artículo completo de CARMEN ALCAIDE en El País.

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Los “indignados” de Estados Unidos

   El número de “indignados” en Nueva York y otras ciudades es inversamente proporcional a su eco mediático. No está mal, porque lo importante no es su cantidad, sino su capacidad para lanzar mensajes impactantes: en este caso, contra el capitalismo como sistema, aunque no lo digan con esas palabras. El “Occupy Wall Street” y el “We are change” son solo un tímido eco de la indignación social que internacionalmente reacciona ante la captura del sistema financiero. EE.UU. por fin se moviliza (levemente, 200 personas) ante una cifra record de pobreza (46,2 millones).y una tasa de paro del 9% (casi ridícula si miramos la nuestra). Aunque si bien es cierto que para EE.UU. una familia pobre es la que cuenta con un salario anual de 22.314 dólares o menos (personas que no carecen ni de casa ni de alimentos) lo cierto es que esto hay que vincularlo a los más de 50 millones de personas sin seguro médico o acceso al seguro de deseempleo. Con el “American Jobs Act” pendiente de aprobarse en el Congreso, Obama quema una de sus ultimas naves. En el caso poco probable de que los republicanos lo aprueben, Obama podría sacar la iniciativa adelante, con el consiguiente espaldarazo electoral. En caso contrario, podrá atacar a la oposición, como el partido que se opuso a la creación de empleo y sacar también su rendimiento político.

Indignados en Nueva York

   Los indignados de Nueva York, Los Ángeles, etc… todavía no le han puesto voz a la voluntad política. Reclaman la superación del capitalismo, algo que ni Obama ni nadie se ha planteado. Medir a la Casa Blanca por tal baremo es, pues, absurdo, pero al final muchos progresistas pensarán que, como “todos son iguales”, no merece la pena volver a movilizarse para reelegir a Obama. Miel sobre hojuelas para el Tea Party: todos sus votantes a las urnas y parte de los progresistas no. Consecuencia: aumentará la probabilidad de que la derecha extrema desaloje a los demócratas de la Presidencia. Resultado: de ganar los republicanos, exactamente el opuesto a lo que demandan los “indignados”, o sea, más capitalismo desregulado y favorable a los causantes de la crisis. Confundirse de adversario (Tea Party) significa perjudicar a tu aliado (Obama), que debe captar la moraleja y responder manteniendo sus políticas de cambio.

   Obama tendrá un otoño caliente de todas maneras. Recibe ataques continuos de los republicanos y muchos de los que le apoyaron piensan que no ha sido fiel a sus principios en algunas cuestiones. Se observa una polarización de la vida política en EE.UU., y Obama tendrá que mantener el timón firme entre Scila y Caribdis hasta las elecciones del año próximo. La extrema derecha ya ha encontrado su encarnación monstruosa en el Tea Party. Si George W. Bush y sus adláteres consiguieron extraditarse del resto del mundo, con el consiguiente daño para su imagen, un futuro gobierno con presencia del Tea Party sería un desastre para el país y para el resto del mundo. En el otro extremo (que en EE.UU. nunca podrá llamarse extrema izquierda) puede surgir una fuerza original, que beba de los movimientos por los derechos civiles, del ecologismo, incluso de las anti-finanzas en el corazón del capitalismo, que canalizaría ciertas demandas atrevidas, incluso a través de movilizaciones y de la desobediencia civil. Pero, para que prospere, necesitaría algún líder carismático.

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Alemania nos concede una tregua

  
En medio de la hipocondría de una crisis que está alterando nuestras vidas, un rayo de luz pareció iluminar a Alemania. Ocurrió el pasado jueves en el centro de Berlín. Angela Merkel, heroína a su pesar, salvó, por ahora, a Europa y al euro allanando un estrecho cortafuegos en el tiempo de descuento de la crisis de la deuda. Una prórroga para evitar el despeñadero al que nos arrojaban ineludiblemente el arrastrar de pies de los actualmente pequeños dirigentes de la Unión Europea —los procesos de la UE se ejecutan tres meses después de tomarse—, llegando tarde y con poca fuerza como para frenar la vertiginosa celeridad con la que operan los mercados. Porque no hay Plan B, ha vuelto a repetir el comisario Almunia: “Si esto falla, será una catástrofe”. Por unos instantes —la felicidad está tejida de momentos fugaces—, bajo la futurista cúpula acristalada del Reichstag, obra de Norman Foster, Alemania volvió a ser el buen país europeísta de Adenauer y Kohl, posibilitando pensar en el regreso de una Alemania europea capaz de enterrar una Europa alemana, que una mayoría de sus ciudadanos parece sin embargo preferir. La canciller, aferrada a una coalición en la que los liberales están desaparecidos y el ala bávara de su democracia cristiana apuntada al euroescepticismo, logró un importante triunfo político en el Bundestag. Una mayoría propia, entre los suyos, a favor de ampliar el fondo de rescate europeo, que debiera hacer posible que Grecia continúe pagando sus deudas.

Nos esperan todavía días churchilianos de sudor y lágrimas. El fondo, ampliado a 440.000 millones, es insuficiente. Dos billones de euros serían el listón para que los mercados se lo piensen dos veces antes de ir a por Italia y España. Alemania advierte que no pondrá más dinero, se opone a convertir la UE en una unión de transferencias y rechaza los eurobonos. La agencia calificadora Standard & Poor’s amenaza con degradar el crédito del país. Aun a regañadientes, Alemania no tiene más remedio que defender el euro. Como ocurrió en 1914 y 1939, por otras razones y con otras consecuencias, Berlín vuelve a tener la llave. Esta vez para evitar un ciclón financiero capaz de arrastrar al continente y a todo el mundo a un agujero negro. Alemania impone su ritmo, el paso a paso: no existen soluciones mágicas, de una sola vez, para resolver la crisis europea. La respuesta no es regar con más dinero el problema. “No puedes luchar contra el fuego con más fuego”, dice el ministro de Hacienda alemán. Los países pecadores, culpables de endeudamiento, no pueden irse de rositas con una leve penitencia. The Economist recuerda esta semana que en alemán la palabra para deuda es schulden, derivada de schuld, que también significa culpa. La piedra trasatlántica lanzada desde EE UU por Obama contra los europeos, “culpables” de la crisis mundial, es indebida. Washington dista mucho de estar libre de pecado. La economía norteamericana se ha detenido; EE UU nos exportó la primera crisis; la irresponsabilidad fiscal del Congreso amenaza la recuperación; el primer país del mundo acumula una cantidad de deuda que supera a las europeas. Y el horizonte, hasta noviembre de 2012, es ya prisionero de una larguísima campaña electoral en la que lo urgente, la reelección de Obama, pasará por encima de lo importante.

 Alemania pasa a contribuir con 211.000 millones al fondo, 83.000 más que hasta ahora. Merkel se inclina por el futuro de Europa oponiéndose a un electorado escéptico, encendido por los tabloides de la prensa sensacionalista con la idea de la Europa buena: la trabajadora y austera, al norte del Rhin, que paga el despilfarro y la anarquía de los vagos del Sur. “Tenemos un interés nacional existencial en la estabilidad de Europa y el euro”, advirtió el portavoz cristianodemócrata en el debate en la Cámara baja. Un abatido Papandreu había volado a Berlín para suplicar por el rescate de Grecia: “Incluso Alemania depende de Europa, su mayor socio comercial, para su crecimiento y empleo”. Existencialismo germano doblado de egoísmo: la mayoría de sus exportaciones van a la eurozona; los bancos alemanes atesoran deuda soberana en euros. Y los derrochadores sureños han ayudado a mantener bajo el tipo de cambio del euro beneficiando las exportaciones alemanas al resto del mundo. Las élites alemanas, políticas y económicas, son mayoritariamente europeas; la gran industria también; la izquierda más radical, los neocomunistas de La Izquierda, votaron en contra; el rechazo europeo anida más en clases medias y bajas y en la pequeña empresa. El nacionalismo no es visto como la solución en Alemania, donde, a diferencia de Holanda, Austria o Finlandia, la extrema derecha xenófoba está a la baja.

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