Hace 10 años, la deuda externa de España representaba el 26% del PIB; cinco años después había subido al doble, y a finales del 2008 alcanzó el 102%. En este período, el endeudamiento de las familias ha pasado del 38% al 83% del PIB, y el de los bancos, del 0,83% al 55%. Aunque durante un decenio largo disfrutamos de un crecimiento cercano al 3% anual, con un aumento inusitado de la población activa, gracias a una inmigración que creció a una velocidad sin parangón con otros países, a nadie pudo sorprender que con estas cifras la crisis se presentara en España con rasgos tan pronunciados.
Los españoles no salen de su asombro -antes tan bien, y ahora de repente tan mal-, y les cuesta caer en la cuenta de que el bienestar alcanzado lo debíamos, en primer lugar, al euro, que, además de contener la inflación -aunque la española fuese mayor que la media comunitaria-, facilitaba dinero abundante con un interés muy bajo; a la construcción, que, al subir el precio de las viviendas dos dígitos al año, se convirtió en la inversión financiera más rentable, refugio del dinero negro circulante; a la inmigración, que ofrecía cuantiosa mano de obra a bajo precio; a la prosperidad de nuestros vecinos, que además de vender a crédito en las mejores condiciones, contribuían a un crecimiento continuo del turismo; en fin, a la disposición tan española a endeudarse alegremente, mirando a otro lado ante los datos estremecedores de la balanza de pagos.
Se vive bien del ahorro de los demás, pero al final se encalla en un alto endeudamiento y una bajísima productividad. Después de haber superado en renta per cápita a Italia, país en el que el declive es evidente, se especulaba cuándo le llegaría el turno a Francia, que también lucha con dificultades crecientes, pero ya no podemos seguir con las ínfulas de un país rico que exige un puesto entre los poderosos del mundo. Lo peor es que los españoles llegaron a creerse que su economía estaba asentada sobre fundamentos sólidos, y el Gobierno no fue el único que se negó a percibir las señales de lo que se nos venía encima, rechazando, a veces con ironía, otras recurriendo al patrioterismo más cerril, las voces de las distintas Casandras. Cuando, empujado por las cifras del paro, no hubo más remedio que empeñarse en divisar alguna luz a la salida del túnel, Zapatero recurrió al viejo tópico de que la crisis ofrecía la gran oportunidad de cambiar el modelo productivo.
Los españoles supieron muy pronto que su futuro dependía de pasar de una sociedad rural poco desarrollada a una industrial competitiva. Pese a repetidos intentos en el siglo XIX y primera mitad del XX, con la sola excepción del País Vasco y Cataluña, y eso gracias a un proteccionismo, cuyos costos todavía se discuten, la industrialización no enraizó en la mayor parte de la Península. Fracaso que nos diferencia del norte europeo y explica nuestra tortuosa historia política y social. En los dos primeros decenios del franquismo se intentó una industrialización autárquica dirigida por el Estado; con el Plan de Estabilización de 1959 se optó por abrirse al exterior, aprovechando las inversiones y la tecnología de los países más avanzados, con magníficos resultados.
A partir de los años sesenta del siglo pasado España se convierte en un país industrial, pero ya en los ochenta tuvo que llevar a cabo una reconversión de la siderurgia y de la construcción naval. Cuando parecía consolidado un nuevo modelo que combina producción industrial -España llega a fabricar más de tres millones de automóviles al año, de los que exporta la mayor parte- con servicios tan competitivos como el turismo y una agricultura cada vez más exportadora, junto con los demás países comunitarios, en el último decenio tiene que enfrentarse a una de las consecuencias más graves de la globalización, la deslocalización de la producción industrial al continente asiático.
La crisis ha puesto de relieve que el modelo actual que combina industria, agricultura y servicios está caducado. No volveremos a las cifras alcanzadas de exportación de automóviles -después de Corea del Sur, China y la India se perfilan como las nuevas potencias exportadoras-, y las ventas de productos del campo sufrirán cada vez más la competencia del Tercer Mundo, al que la “fortaleza europea” no tendrá otro remedio que abrirse para disminuir la presión migratoria.
Sólo si a la salida de la crisis logramos un nuevo modelo productivo el porvenir se despeja. Los datos escalofriantes de nuestra deuda externa provienen de la escasez de productos exportables con un alto valor añadido, y conseguirlo exige impulsar la ciencia y la tecnología. El reto es inmenso y requiere una política adecuada a largo plazo, tanto en educación -un campo que requiere mucho tiempo y dinero, además de nuevos valores que inciten al esfuerzo y a la responsabilidad- como en la selección de los nichos en los que podríamos ser competitivos con una tecnología propia.
El físico español José García Santesmases, que había publicado en 1949 un primer artículo sobre informática, a su regreso de Estados Unidos, convencido de la importancia que tendría esta nueva disciplina, trató en vano de convencer a los dirigentes del CSIC de que los esfuerzos habría que centrarlos en aquellas ramas de la ciencia que, como la informática, estuviesen empezando, ya que permiten partir de una base común en condiciones de igualdad. Cuanto más desarrollada esté una tecnología, más difícil es empezar a competir en ella. Es una recomendación que no ha perdido vigencia.
Resulta decisivo elegir bien los campos en los que podamos competir a nivel mundial -la biotecnología, la biología molecular, la microelectrónica, las energías renovables, las telecomunicaciones- para centrar en ellos todos los esfuerzos. No podemos renunciar a seguir comprando tecnología extranjera, por grande que sea el peligro de colonización tecnológica, pero resulta imprescindible realizar paralelamente una investigación propia sobre la tecnología traspasada para ampliar nuestra autonomía al tratar de mejorarla.
Frente a cualquier retórica facilona sobre las expectativas de un nuevo modelo productivo hay que tener muy en cuenta que el peso de las exportaciones de productos de alta tecnología no supera el 1% del PIB, cifra muy inferior a la de otros países de nuestro entorno. El mayor obstáculo a la introducción de nuevas tecnologías es el predominio de la pequeña empresa -el 94% de las empresas españolas tienen entre 0 y 10 trabajadores, y si bien proporcionan el mayor número de empleos, no están interesadas, ni tampoco en condiciones de llevar a cabo innovaciones tecnológicas.
En cuanto se toma en consideración nuestro sistema educativo y los valores dominantes en la juventud, así como la estructura productiva con sólo el 0,13% de empresas con el tamaño adecuado para impulsar una tecnología propia, pese a que en los últimos años haya aumentado la investigación empresarial y el número de patentes españolas, el paso a un nuevo modelo productivo no deja de ser una ficción hasta ahora sin la menor base real. No faltan los que creen que no nos queda más que seguir siendo una sociedad de servicios y que es mucho lo que aún queda por hacer en este campo para garantizar a la larga un nivel de vida alto, y que inventen otros.
